España adopta medidas para los inmigrantes “sin papeles”, que puede favorecer a los argentinos

La decisión es parte de la reforma al Reglamento de Extranjería que este martes aprobó el Consejo de Ministros del gobierno de coalición PSOE-Podemos en su reunión de gabinete semanal.

“Se crea una nueva figura de arraigo, arraigo por profesión, que va a permitir a inmigrantes que llevan ya dos años en España y quieran acceder a formarse en profesiones particularmente deficitarias que lo puedan hacer”, explicó luego el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una rueda de prensa.

Hace unas semanas, el propio Escrivá reconoció que los inmigrantes que llegan a España en situación irregular tardan, en promedio, siete años y medio en conseguir sus permisos de residencia y, a partir de ahí, buscar trabajo.

Con esta reforma, podrán regularizar su situación los inmigrantes que lleven en España, al menos, dos años y que hayan trabajado -de manera regular o irregular- durante un período de seis meses que pueda ser comprobado.

 Falta de mano de obra

La iniciativa, que apunta a facilitar el camino para que los extranjeros puedan trabajar legalmente en España, tiene además una motivación subyacente: la incorporación inmediata de mano de obra a sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción y el transporte, castigados por la deserción de trabajadores españoles y ávidos por contratar a nuevos empleados.

Las contrataciones en origen, como se hace ahora con los temporeros, explicó el ministro de Migraciones, se ampliará a la construcción y al transporte.

“Habrá un catálogo de ocupaciones particularmente demandadas para que se puedan generar contrataciones en origen”, dijo Escrivá.

 Según una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Fundación PorCausa, a fines de 2019 en España había entre 390.000 y 470.000 personas sin papeles. Los argentinos, según el estudio, sumaban 19.200.

La mayoría -cuatro de cada cinco- proviene de América Central y América del Sur: el 60 por ciento de los inmigrantes ilegales llegaron desde Colombia, Venezuela y Honduras.

“Ahora, la cifra más reciente que manejamos está entre los 470.000 y 514.000 personas que están en forma irregular. Hablamos de medio millón de migrantes”, dice a Clarín Gonzalo Fanjul, director de investigaciones de la Fundación PorCausa, especializada en temas migratorios.

“Unos 150.000, son menores de edad. La inmensa mayoría del resto son personas en edad de trabajar y trabajando en la economía sumergida”, agrega.

Para el investigador, “es posiblemente la medida más importante que ha puesto en marcha este gobierno en materia de migraciones”.

Y subraya: “Ha habido mucho ruido con lo que ocurría en Canarias, con la llegada de inmigrantes en el estrecho de Gibraltar, de Afganistán o de Ucrania, pero en realidad, cuando hablamos de migraciones, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, de una población que en España tiene muchos problemas para trabajar de manera legal, a pesar de que España necesita desesperadamente la llegada de muchos más trabajadores de afuera”.

“Lo que hace esta medida, de manera parcial, es facilitar esta llegada. Hay que valorarla de manera positiva”, opina Fanjul.

“Está hablando de contratación en origen, que es un modelo de contrato pensado para algunos sectores como la agricultura, aunque se podría pensar para otros, pero son modelos de migración temporal y circular, es decir que pretende que la gente venga pero que luego retorne", explica.

"Esta medida facilita la contratación en origen y garantiza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero hay otros muchos que querrían venir y no necesariamente de forma temporal. Y esos son la mayoría de los que hoy están en situación irregular en nuestro país”, dice Fanjul.

Fanjul rescata que esta reforma facilite la integración de esos trabajadores a través del sistema de arraigo.