Redacción ShowOnLineEl Ayuntamiento de Florencia, uno de los principales destinos turísticos de Italia, aprobó el primer documento formal en el proceso para prohibir los servicios de alquiler temporario en su centro histórico.
La propuesta, según el municipio, es el primer paso para la adopción de la medida y prevé la modificación de los artículos relativos a la clasificación del uso de los inmuebles en la zona catalogada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
Con el cambio, esta zona de la ciudad ya no podría tener ofertas en plataformas de alquiler temporal como Airbnb. El documento es preliminar y será verificado por otros órganos de la administración municipal antes de su ejecución definitiva.
El alcalde de Florencia, Dario Nardella, dijo que es optimista sobre la solidez legal del proceso. “El fenómeno de los alquileres turísticos está transformando los centros históricos de nuestras ciudades, es una de las causas de la explosión de los precios de los alquileres en las grandes ciudades y limita las condiciones de vida de familias, jóvenes, estudiantes y trabajadores”, sostuvo.
Para el titular del ejecutivo municipal, estas consecuencias deben combatirse con fuerza: “No podemos mirar en silencio una situación que se ha convertido en una verdadera emergencia social”.
De acuerdo con el Ayuntamiento, la nueva norma no tendrá efecto retroactivo, pero brinda incentivos fiscales para los propietarios que quieran cambiar el destino de sus propiedades por alquileres de mediano y largo plazo.
Una de las exenciones debería ser en el impuesto de segunda vivienda, una tasa que actualmente cuesta alrededor de €2000 al año por un piso medio en el centro histórico.
La discusión también está en la agenda nacional de Italia, que prepara un paquete de medidas para regular este tipo de servicios. La popularización de Airbnb y otras plataformas por el estilo es señalada como responsable directa del vaciado de población en los centros de las grandes ciudades del mundo.
El aumento en la oferta de propiedades para turistas genera escasez en la oferta de contratos de largo plazo, aumentando los valores de renta y obligando a los residentes a buscar regiones más alejadas.
